Exfuncionario sancionado que menciona un meme desde 2018 no es embajador de Colombia en China

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La captura de pantalla de un tuit que asegura que el presidente de Colombia, Iván Duque, nombró como embajador en China a un exfuncionario sancionado por corrupción en el año 2000 ha sido compartida más de 3.600 veces en redes sociales desde 2018. Sin embargo, no hay registros de dicho nombramiento, y así lo confirmó el Gobierno colombiano a la AFP. 

“En el año 2.000 la Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por 7.260 millones de pesos contra el ex presidente de Ferrovías Julián Palacio Luján por defraudar al Estado. Hoy Duque lo nombra embajador en China. Debe ser que no se acuerda”, afirma el tuit original, publicado en diciembre de 2018.

Captura de pantalla de un tuit realizada el 30 de agosto de 2021

La captura de esa publicación circuló en 2019 (1, 2, 3), 2020 (1, 2) y, más recientemente, en agosto de 2021, en Facebook (1, 2, 3) y Twitter (1, 2).

Mismo embajador desde 2019

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia negó a AFP Factual que en 2021 se hubiera dado un cambio de embajador en China, cargo que ocupa Luis Diego Monsalve desde marzo de 2019.

Las actividades de representación del embajador Monsalve se evidencian en las publicaciones del sitio de la Embajada y en sus cuentas de Twitter oficial o personal

Su antecesor, Óscar Rueda García, estuvo en el cargo desde noviembre de 2016 hasta el mismo mes de 2018. 

El exfuncionario sancionado

La primera parte del mensaje que circula en las publicaciones menciona al exfuncionario Julián Palacio Luján, quien recibió una sanción de responsabilidad fiscal en el año 2000 por defraudar al Estado, cuando se desempeñaba como presidente de la estatal Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías) entre 1996 y 1998. 

Palacio celebró dos contratos por prestación de servicios con empresas constituidas por familiares, amigos y antiguos subalternos, que no cumplían con los requisitos de ley. 

Por ello, fue obligado a pagar 7.260 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares al cambio de la época), junto a otras personas y empresas vinculadas a los contratos. 

En 2012, el Consejo de Estado, máxima corte de la administración pública en Colombia, dejó en firme esa decisión.